ESTAFA DE TELEFONÍA CELULAR INFORMA EL CEODECO
MÁS DE $1.000 MILLONES AL MES
La Justicia Federal de Salta investiga una gigantesca estafa a usuarios. Promovieron una acción penal contra directivos de empresas telefónicas por fraccionamiento y cobro ilegal de llamadas.
El fiscal Toranzos dispuso acciones para esclarecer una presunta defraudación por más de $1.000 millones al mes. En la causa se atribuyen graves incumplimientos de deberes a la Comisión Nacional de Comunicaciones.
En Argentina, a diferencia de otros países, incluso vecinos, las compañías del servicio de telefonía móvil fraccionan las llamadas de tal modo que cobran pocos segundos en línea como si fueran minutos enteros. En agosto del año anterior, la cuestionada forma de redondeo dio lugar a una demanda que se tramita ante el juez federal de Salta 2, Miguel Medina, y persigue el cese de las facturaciones consideradas ilegales y abusivas. Ahora, por las mismas razones, se sustancia una causa penal contra directivos de las telefónicas Personal y AMX de Argentina (Claro) y funcionarios de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), organismo de control al que se adjudicaron graves omisiones en perjuicio de usuarios afectados no sólo en Salta sino en todo el país. Con casi 58 millones de aparatos y más de 6.300 millones de llamadas al mes, los montos de la presunta estafa se calculan en cifras superiores a los 1.000 millones de pesos.
En vista del relevante interés colectivo que está en juego, el fiscal federal Ricardo Toranzos se presentó como parte en la demanda civil y promovió acciones en la causa penal que el mismo actor, el abogado Daniel Paganetti, presentó el pasado 23 de diciembre, en este último caso con el patrocinio legal del penalista Darío Palmier.
Paganetti, un especialista en legislación de los derechos del consumidor y exsecretario de Defensa del Consumidor de la Provincia, presentó las acciones en su condición de usuario de Personal y Claro, por lo que Movistar -compañía que aplica la misma modalidad de fraccionamiento en sus tarifas- por ahora no está incluida en el expediente penal que se tramita ante el juzgado Federal 1, Julio Bavio. Ante el requerimiento formulado por Toranzos, el magistrado se abocó a la causa y abrió camino a las medidas probatorias. Para ello, y como lo faculta el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación, delegó la investigación al fiscal.
Ayer se supo que Toranzos ya dispuso los primeros pedidos de informes tendientes a aclarar las responsabilidades de directivos con poder de decisión en las facturaciones de las telefónicas, por el presunto delito de estafa, como así también de funcionarios de la CNC a los que se atribuyen graves incumplimientos de deberes, por la omisión de controlar a las concesionarias del servicio.
Paganetti denunció que Personal y AMX de Argentina (Claro) imponen el cobro por minuto redondeado mediante contratos de adhesión que violan todo el marco normativo, ya que sus cláusulas “están preestablecidas de forma tal que los usuarios no cuentan con posibilidad alguna de proponer una modificación siquiera parcial”. A partir de esta observación, el actor afirmó que “todas las condiciones de contratación son fijadas unilateralmente por las compañías telefónicas”.
Por el lado de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), organismo que fue creado para velar por la protección de los derechos de los usuarios en su relación con las prestatarias del servicio, se denunciaron omisiones que abarcan a parte sustancial de sus obligaciones.
La Justicia investiga, concretamente, una maniobra ilegítima de las prestatarias del servicio de telefonía móvil en connivencia fraudulenta con la CNC.
FUENTE: el tribuuno.info
